El Diario Montañés, 19 de agosto de 2012
Nuestros
gobernantes andan revueltos con la tijera. Y, aunque argumentan que están
obligados a hacer recortes que no desean, parece que de tanto practicar le
están cogiendo el tranquillo. Ahora acaban de dar un preocupante salto cualitativo:
el decreto que deja sin asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, más
que un tijeretazo, es un hachazo a la dignidad humana.
Ante
tal hecho, y apelando a la objeción de conciencia, unos cuantos médicos de toda
España anuncian su intención de seguir atendiéndolos, pero un informe del
servicio jurídico de la consejería de Sanidad de Cantabria –qué desvelo el suyo
por la causa– ha puesto las cosas en su sitio con un argumento que, aunque
serio, parece un disparate: la objeción de conciencia tiene sentido cuando se
trata de «una situación pasiva», cuando «se deja de hacer algo» (como practicar
un aborto). Los médicos ahora plantean lo contrario, «hacer algo» (atender a
los inmigrantes), y ahí, no ha lugar el amparo. (El matiz se las trae. Lo que
la ley defiende es el derecho a «no hacer», justo lo que se pide a los
sanitarios: que no hagan nada).
Quien parece que también va a permanecer
pasivo ante el fallo del Tribunal Supremo, que ha ratificado la legalidad de la
retirada del concierto económico al colegio Torrevelo, es Miguel Ángel Serna,
el consejero de Educación. Él se lo ha vuelto a conceder –era un caso de
conciencia activa– aprovechando una burda argucia de este centro masculino, que
se ha unido administrativamente a otro femenino, aunque no en las aulas. Según
Serna, la sentencia confirma que ha acertado en su decisión, porque negar la
ayuda tras esta nueva circunstancia sería discriminatorio. La Ley, está claro,
es poliédrica y admite muchas interpretaciones.
Cuando no sé muy bien cómo rematar este
artículo, Raphael viene en mi ayuda. En la habitación contigua comienza a sonar
el famoso ‘Cambalache’: «Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé...».
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