El Diario Montañés, 24 de septiembre de 2012
El rector de la Universidad de Cantabria
ha pedido públicamente audiencia a Ignacio Diego, en el discurso de apertura
del curso universitario, para «definir con el Gobierno regional el escenario de
colaboración y las líneas de trabajo que permitan generar un nuevo Contrato
Programa». Una reunión que definió «deseada por ambas partes», pero que está en
la agenda desde hace ya más de seis meses. La solicitud fue tan firme que sólo
le faltó iniciar su petición con aquella fórmula tan rígida de «solicito a Vuecencia».
Por mal que anden las cosas de la
economía, no tiene mucho sentido seguir postergando el encuentro. Menos aún si
se tiene en cuenta que el consejero de Educación proviene del seno de esa
institución –cuyas virtudes y necesidades, sin duda, conoce bien porque ha
desarrollado en ella gran parte de su actividad profesional–, con lo que se
supone que los cauces de comunicación deberían ser muy fluidos. Pero la
realidad es bien distinta, acaso porque uno de los proyectos impulsados por el
consejero Serna pretende implantar una universidad privada en Santander, de la
que Gómez Sal sospecha que tiene «insuficientes garantías de calidad». Ahí
puede estar una de las razones del desencuentro.
Pero el gobierno regional debe tener
presente que la universidad pública es uno de los principales ejes culturales y
económicos de nuestra región, y la mejor garantía para intentar preservar la
igualdad de oportunidades. En ella se preparan más de 15.000 jóvenes cada año para
acceder con la mayor formación posible al difícil mundo del trabajo. Y aunque,
como todos los estamentos, tenga que someterse a los recortes, conviene saber
que España invierte en educación universitaria un 1,1% del PIB, frente a la
media del 1,5% de los países de la OCDE.
El frío amenazante de un mañana incierto está
en el origen de la petición del rector. Y el futuro de la universidad, en la deseable
reunión con el gobierno.
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