El Diario Montañés, 5 de marzo de 2014
Ando
dándole vueltas al asunto de las leyes y los legisladores. Ahora que la mar
está reclamando con fuerza pertinaz lo que es suyo, el borrador de la nueva Ley
de Costas prevé «mantener lo ya construido y otorgar más permisos para ocupar
la costa», porque, y esto lo dice el secretario de Estado de Medio Ambiente, «el
impacto que ya está hecho, hay que aprovecharlo». No me parece muy mal –entiendan
el matiz, me parece mal, aunque no mucho– que se salven núcleos ya construidos,
o que se preserven polígonos industriales que con su desaparición podían
incrementar la sangría del paro. Pero proponer que los chiringuitos de playa
sean más grandes y puedan mantener menor distancia entre sí, o que queden sin
protección las dunas estabilizadas, o que se estudie una nueva medición del
dominio público para hacer las playas más estrechas, creo que son medidas
interesadas. Y no debe de andar muy alejada de mi opinión Soledad Becerril, la
defensora del pueblo, porque ha pedido al gobierno que desarrolle una ley que se guíe «exclusivamente por criterios físicos y científicos, y no de otra naturaleza».
Esta
semana el Tribunal Europeo de Justicia ha fallado contra nuestro país en el
tema del céntimo sanitario, y ha añadido una consideración vergonzosa: dice que
se ha obrado de mala fe por cobrar algo que se sabía con certeza que no se
debía cobrar. Dando una vuelta de tuerca a esa mala fe, el gobierno regional
modificó la normativa en enero de 2013, y cambió el concepto de tal impuesto
para adaptarlo a una legalidad que nos obligara a seguir pagándolo.
La mar
está en pie de guerra. Los ciudadanos, a su vez, también han formado mareas de
diversos colores ante decisiones que consideraban injustas para sus intereses.
Los legisladores, por si acaso, preparan a marchas forzadas una ley de
seguridad ciudadana que amordace futuras mareas imprevisibles, no sea que pongan
en peligro el espigón de nuestra democracia.
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